Trabajo Práctico N°1: Relación Derecho Interno y DIP

El presente trabajo consiste en la resolución de un caso práctico. Se debe presentar en grupos integrados con un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 5 (cinco) estudiantes.

Las respuestas no deben ocupar más de 2 (dos) carillas.

La fecha de entrega es el 16 de septiembre, en formato papel.

HECHOS:

En 1999, luego de la reforma constitucional de 1994, Argentina firmó una Convención multilateral en el sistema de las Naciones Unidas sobre la penalización de la contaminación ambiental que afecte la capa de ozono, que fue aprobada por el Congreso a través de una ley sancionada al efecto, promulgada y publicada debidamente.

La referida Convención establece, en cuanto resulta pertinente:

a)     El reconocimiento a un medio ambiente sano y no contaminado como derecho humano, ya incluido en    el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

b)    La prohibición total de la producción del gas CFC (clorofluorocarbono) y de su uso en procesos industriales, considerando a la contaminación ambiental por este medio como delito    internacional. La determinación de la sanción a aplicar en caso de violación de tal norma corresponde a cada Estado, a partir de un mínimo prefijado.

c)     La posibilidad para cualquier persona física o jurídica - no sólo aquella que ha sufrido daño - de accionar judicialmente ante los tribunales nacionales contra quien viola la norma mencionada, tanto en cuanto a la responsabilidad civil como a la penal.

d)    La posibilidad de cualquier Estado parte de iniciar demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra todo Estado parte en cuya jurisdicción se produjera la conducta ilícita.

e)     La obligación a cargo de todo Estado parte, de dictar las normas legales y reglamentarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a la Convención, mediante la adecuación de su derecho interno a las disposiciones de la misma.

Asimismo, cabe agregar que, al tiempo de la aprobación de la Convención, se encontraban vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, las siguientes normas:

I.- La Constitución Nacional, reformada por la Convención Constituyente de 1994 y los tratados con jerarquía constitucional incluidos en su art.75, inc.22

II.- Una ley de promoción industrial de 1988 que beneficia la producción del gas CFC y de aquellos productos que son elaborados empleando el mismo.

III.- Un tratado internacional de 1996, entre la provincia de Santa Cruz y Rusia, para la instalación de una planta industrial destinada a la producción del gas CFC.

IV.- Un tratado entre Argentina y Bolivia de 1992, que regula la explotación binacional del gas CFC, fijando pautas industriales y comerciales.

PROBLEMA:

Greenpeace, organización internacional no gubernamental con personería jurídica en nuestro país, decide iniciar acciones civiles y penales contra varias empresas argentinas que violan la Convención. A tal fin, sus abogados deben resolver, previamente, algunas cuestiones. Responda las siguientes preguntas en ese sentido:

1) ¿Qué información es necesario conocer, además de la aportada, para saber si la Convención es norma jurídica internacional vigente para Argentina?

2) En el supuesto de que la Convención sea norma jurídica vigente para Argentina, se produciría algún conflicto jurídico con las normas jurídicas preexistentes detalladas a continuación y, en cada caso, ¿cuál sería la solución ante ese conflicto eventual?

a)    Constitución Nacional reformada en 1994

b)    Tratados con jerarquía constitucional del art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional

c)     Ley de promoción industrial

d)    Tratado entre Santa Cruz y Rusia (considerar que Rusia puede o no ser Estado  parte de la Convención)

e)    Tratado entre Argentina y Bolivia (considerar que Bolivia puede o no ser Estado parte de la Convención)

3) ¿Puede esta Convención incluirse en la enumeración del art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional como tratado con jerarquía constitucional? ¿Por qué y cómo?

4) ¿Esta Convención resulta aplicable automáticamente o requiere el dictado de normas jurídicas específicas por parte de los órganos competentes de nuestro país? ¿Por qué?